Cada vez que se habla de las licencias de la OFAC, del futuro de Chevron, de los pagos a PDVSA o de las restricciones para exportar crudo venezolano, aparece la misma confusión: mucha gente discute las consecuencias, pero muy pocos explican el origen real de las sanciones, cómo fueron escalando y por qué terminaron golpeando de forma tan profunda al sector petrolero venezolano.
Ese vacío de explicación ha producido una narrativa simplista. Para unos, todas las sanciones son la causa principal del colapso petrolero. Para otros, las sanciones no importan porque la industria ya venía destruida. Las dos posturas son incompletas. La realidad es más incómoda y, precisamente por eso, merece ser explicada con más rigor.
Las sanciones contra Venezuela no nacieron como sanciones petroleras. Su origen formal en el marco estadounidense comienza en marzo de 2015, cuando la administración de Barack Obama emitió la Orden Ejecutiva 13692, declarando una emergencia nacional respecto de la situación en Venezuela y autorizando sanciones contra personas vinculadas con violaciones de derechos humanos, persecución política, restricciones a libertades públicas y erosión de instituciones democráticas. En esa etapa inicial, el objetivo no era bloquear a PDVSA ni paralizar exportaciones petroleras, sino sancionar a individuos y redes vinculadas al poder.
Ese punto es crucial, porque permite entender algo que a menudo se omite en el debate venezolano: las primeras sanciones no fueron diseñadas como un embargo petrolero general. Eran sanciones personales y selectivas. Estaban dirigidas contra funcionarios y actores asociados al aparato estatal, no contra toda la economía venezolana ni contra la capacidad del país de vender petróleo. De hecho, durante varios años Venezuela siguió exportando crudo, operando financieramente y manteniendo vínculos con el mercado estadounidense, aun bajo ese marco inicial.
El verdadero giro ocurre en 2017. Ese año, la administración de Donald Trump emitió la Orden Ejecutiva 13808, que introdujo sanciones financieras más amplias. Esas medidas prohibieron a personas estadounidenses participar en nuevas emisiones de deuda del Gobierno de Venezuela y de PDVSA, así como en ciertas transacciones con bonos existentes y pagos de dividendos al gobierno venezolano. En otras palabras, el mensaje cambió: ya no se trataba solo de castigar individuos, sino de cerrar el acceso del Estado venezolano y de PDVSA al financiamiento en los mercados estadounidenses.
Esa etapa de 2017 es decisiva porque suele pasar desapercibida en la memoria pública. Mucha gente recuerda 2019 como el inicio de todo, pero en realidad el endurecimiento comenzó antes. Las sanciones financieras de 2017 no bloquearon todavía toda la operación petrolera, pero sí limitaron seriamente la capacidad de refinanciar deuda, levantar capital y reestructurar pasivos. Para una industria intensiva en capital como la petrolera, ese paso fue mucho más importante de lo que algunos reconocen. Una empresa petrolera estatal sin acceso a financiamiento no colapsa de un día para otro, pero empieza a asfixiarse gradualmente.
En 2018 hubo una nueva expansión del marco sancionatorio. La Orden Ejecutiva 13827 prohibió transacciones relacionadas con la criptomoneda oficial venezolana, el Petro, y la Orden Ejecutiva 13835 amplió restricciones sobre compra de deuda venezolana y venta de activos estatales. Ambas medidas reflejaban una percepción en Washington: el gobierno venezolano estaba buscando mecanismos alternativos para evadir el cerco financiero y monetizar activos pese a la crisis de legitimidad institucional.
Luego llega 2019, que es cuando las sanciones pasan de ser principalmente personales y financieras a convertirse en sanciones directamente petroleras. El 28 de enero de 2019, OFAC designó a PDVSA bajo la Orden Ejecutiva 13850. Esa decisión bloqueó bienes e intereses en bienes de PDVSA bajo jurisdicción estadounidense y obligó a que los pagos por petróleo venezolano vendidos a Estados Unidos quedaran en cuentas bloqueadas o restringidas, sin libre acceso por parte del gobierno de Nicolás Maduro. OFAC presentó esa medida como una forma de impedir que el gobierno de Venezuela siguiera capturando ingresos petroleros.
Allí sí cambia completamente el juego. A partir de ese momento, ya no se trata solo de dificultar el acceso a deuda o castigar a determinados funcionarios. Se trata de intervenir sobre la principal fuente de ingresos externos de Venezuela. No fue un detalle menor: antes de esas medidas, Estados Unidos seguía siendo un comprador natural de crudo venezolano, especialmente útil por su cercanía geográfica, infraestructura de refinación adaptada y facilidad de cobro. Antes de las sanciones de 2019 Venezuela exportaba hasta alrededor de 500 mil barriles diarios a la Costa del Golfo estadounidense. Cortar o distorsionar ese flujo tuvo un efecto económico y logístico inmediato.
Además, las sanciones petroleras no solo limitaron las ventas. También afectaron importaciones esenciales para la operación. Las medidas prohibían ventas de diluyentes a PDVSA, particularmente nafta, que Venezuela necesitaba para mezclar su crudo extrapesado y hacerlo exportable. Eso es algo que en el debate político suele olvidarse: la sanción no solo golpeó la caja; también complicó la operación misma del negocio petrolero venezolano. Un país con enormes reservas de crudo pesado no puede monetizarlas con facilidad si pierde acceso a diluyentes, insumos, financiamiento y socios dispuestos a correr riesgos reputacionales y legales.
Ese mismo año, en agosto de 2019, la Orden Ejecutiva 13884 bloqueó la propiedad e intereses en propiedad del Gobierno de Venezuela en Estados Unidos y consolidó una especie de embargo económico mucho más amplio sobre entidades del gobierno venezolano. Además, una orden de enero de 2019, la 13857, había ampliado la definición de “Gobierno de Venezuela” para incluir a personas que actuaran en su nombre, incluyendo integrantes del equipo de gobierno de Nicolás Maduro. Esa ampliación fue clave porque dio a OFAC una base más amplia para tratar a múltiples actores y estructuras como parte del gobierno bloqueado.
Aquí aparece otra distinción que casi nunca se explica bien: la diferencia entre sanciones primarias y sanciones secundarias. Las sanciones primarias son las que prohíben a personas estadounidenses (ciudadanos, residentes, empresas constituidas en Estados Unidos o transacciones con nexo estadounidense) hacer determinados negocios con un país, entidad o persona sancionada. Es decir, son reglas que obligan directamente a los estadounidenses. Las sanciones secundarias, en cambio, buscan disuadir a terceros países o a empresas no estadounidenses, advirtiéndoles que también pueden quedar sancionados si «asisten materialmente» a los sancionados o si operan en sectores prohibidos. En el caso venezolano, esa lógica se vio con claridad cuando OFAC empezó a sancionar navieras, traders y empresas no estadounidenses por operar en el sector petrolero venezolano o facilitar sus exportaciones.
Esa diferencia es fundamental para entender por qué las sanciones venezolanas terminaron siendo tan potentes. Si solo hubieran sido primarias, probablemente habrían limitado sobre todo la relación directa con Estados Unidos. Pero cuando entra en juego el riesgo secundario, el efecto se vuelve global. No hace falta que una empresa sea estadounidense para apartarse de Venezuela; basta con que tenga bancos corresponsales en dólares, activos expuestos a EE.UU., negocios internacionales o miedo de terminar en la lista SDN. Por eso muchas compañías dejaron de comprar crudo venezolano, transportar cargamentos, financiar operaciones o vender insumos, aun sin estar legalmente obligadas en todos los casos. El riesgo OFAC se volvió más importante que el texto frío de la norma.
Ahora bien, decir esto no significa absolver a la gestión interna venezolana. Sería intelectualmente deshonesto. Cuando llegaron las sanciones petroleras de 2019, la industria ya venía severamente debilitada por años de mala administración, corrupción, deterioro de infraestructura y desinversión. Las sanciones no crearon ese colapso desde cero. Lo que hicieron fue agravar, acelerar y endurecer los límites de una industria que ya estaba enferma. Esa es probablemente la manera más seria de describir su impacto: no fueron el origen único del desastre, pero sí una fuerza adicional que profundizó un daño que ya existía.
También conviene entender a quiénes aplicaban realmente esas sanciones. No todas eran “contra Venezuela” en abstracto. Algunas eran contra individuos específicos. Otras contra entidades estatales como PDVSA, el Banco Central o BANDES. Otras alcanzaban a cualquier persona o empresa que operara en determinados sectores de la economía venezolana, dependiendo de la determinación emitida por el Tesoro. OFAC, por ejemplo, usó la Orden Ejecutiva 13850 para designar a PDVSA por operar en el sector petrolero y luego designó a otras entidades por operar en sectores como el financiero o por asistir materialmente a actores ya sancionados.
Por eso las licencias de la OFAC son tan importantes, pero también tan mal entendidas. Una licencia no significa que desaparezcan las sanciones. Significa que, dentro de un régimen sancionatorio que sigue existiendo, OFAC autoriza temporal o específicamente ciertas transacciones que de otro modo estarían prohibidas. En el caso venezolano, las licencias han sido una válvula regulatoria: permiten excepciones controladas para empresas, sectores o actividades concretas, sin desmontar por completo la arquitectura de presión. En 2023, cuando Washington alivió temporalmente parte de las restricciones petroleras, Venezuela pudo volver a recibir pagos directos por ciertos bienes y servicios, algo que estaba severamente restringido bajo el esquema anterior.
Ese detalle importa porque explica la paradoja venezolana reciente. Mucha gente habla de Chevron, Repsol, ENI o de una licencia puntual como si eso demostrara que “ya no hay sanciones”. Es incorrecto. Lo que existe es un régimen complejo, cambiante, lleno de licencias generales, específicas, excepciones humanitarias y autorizaciones temporales. No es ausencia de sanciones; es administración selectiva de sanciones.
En mi opinión, el gran problema del debate público venezolano sobre sanciones es que ha sido secuestrado por consignas. Unos las presentan como castigo moralmente necesario y suficiente. Otros las reducen a una conspiración externa que explicaría por sí sola toda la destrucción económica. Ninguna de las dos narrativas ayuda a entender. Las sanciones surgieron en respuesta a denuncias de autoritarismo, violaciones de derechos humanos, corrupción y ruptura del orden democrático; luego evolucionaron hacia instrumentos de presión financiera y finalmente hacia restricciones directas sobre el corazón petrolero del país. Ese proceso fue gradual, no instantáneo. Y su lógica fue acumulativa, no lineal.
Entender ese origen importa hoy más que nunca, porque cualquier discusión seria sobre la reactivación petrolera venezolana pasa necesariamente por allí. No se puede analizar el futuro de PDVSA, la reforma legal del sector, el rol de socios internacionales o la viabilidad de nuevas inversiones sin entender cómo se construyó el andamiaje sancionatorio. Las licencias de la OFAC no son el comienzo de la historia. Son apenas el capítulo más reciente de una historia mucho más larga, más jurídica, más política y más compleja de lo que suele admitirse.
Y quizá ese sea el punto central: para opinar con seriedad sobre las sanciones hay que dejar de hablar de ellas como eslogan y empezar a tratarlas como lo que realmente son, un sistema escalonado de presión política, financiera y petrolera que fue creciendo en respuesta a una crisis institucional venezolana que también fue escalando. Sin esa precisión, el debate seguirá lleno de ruido, pero vacío de comprensión.
